Diferencia entre revisiones de «Principio de legalidad»
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Revisión actual del 11:32 12 jul 2024
El Artículo 18 establece que Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.
De ello surge la necesidad del Tipo penal
"El principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales del estado de derecho y se refiere a la idea de que todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley. Este principio implica varios aspectos clave:
Sujeción y limitación del poder: Significa que todas las acciones de los órganos del Estado, ya sean legislativos, ejecutivos o judiciales, deben realizarse dentro de los límites establecidos por la ley. Ningún individuo o autoridad puede actuar arbitrariamente; deben respetar y cumplir con las normas legales vigentes.
Respeto a los derechos y libertades individuales: El principio de legalidad protege los derechos y libertades de los ciudadanos al asegurar que cualquier restricción o intervención estatal en estos derechos esté basada en la ley y sea proporcionada y necesaria.
Previsibilidad y seguridad jurídica: Garantiza que los ciudadanos puedan prever las consecuencias legales de sus acciones y que las normas jurídicas sean claras y accesibles para todos. Esto promueve la confianza en el sistema legal y evita la arbitrariedad.
Control de constitucionalidad: En muchos sistemas jurídicos, el principio de legalidad implica que las leyes y acciones del gobierno deben estar en consonancia con la Constitución del país. Esto asegura que ningún poder del Estado se exceda en sus funciones y que todas las normas sean coherentes con los principios fundamentales establecidos en la Constitución.
Separación de poderes: El principio de legalidad también está relacionado con la separación de poderes, ya que implica que cada poder del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) debe actuar dentro de sus competencias y de acuerdo con la ley, evitando la concentración indebida de poder.
En resumen, el principio de legalidad es esencial para garantizar un sistema justo y equitativo, donde las normas se aplican de manera consistente y transparente, y donde los ciudadanos pueden confiar en que sus derechos están protegidos y respetados." (Fuente 2)
Fuente
Constitución Nacional [1]
Fuente 2
Derecho Facil - SAIJ