Diferencia entre revisiones de «Legalidad»

Revisión actual del 21:32 31 mar 2021

Legalidad se refiere a la existencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias, y desaprueba a otras que afectan las normas establecidas y vigentes. La legalidad es, entonces, todo lo que se realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia el respeto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada una de ellas entienda por tal concepto.

La ley es una norma, que en un estado de derecho implica un precepto dictado por una autoridad competente y que debe ser respetado sin excepciones por quienes habitan o conviven en ese estado. Esa ley exigirá algo o desaprobará algo que estará en relación con la justicia y con el bien común de la comunidad. En tanto, todas aquellas acciones que violan una ley están especialmente tipificadas en un código, por ejemplo el penal, y por caso implicarán un castigo que estará vinculado con la gravedad y la naturaleza de la falta.

Entonces, las leyes lo que hacen es limitar las acciones y comportamientos de los hombres que conviven en una comunidad con la misión de ordenar y garantizar el orden y el respeto de los derechos de todos. Al no haber una plena conciencia de todos al respecto de lo que está bien hacer y lo que no es que para asegurar la paz y la convivencia social debe haber leyes que sí lo aseguren y velen por ello.

Cualquier estado de derecho esta regido por un sistema normativo y de instituciones en relación a una constitución que se ocupa de garantizarnos a todos los derechos humanos básicos.

La legalidad es el marco legal para resolver situaciones y disputas.

El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes están sometidas a la constitución y al estado actual o al imperio de la ley.

Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la "regla de oro" del derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.

Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal.

Fuente

[1] [2]